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¿Qué hacer si hay desacuerdo en las decisiones sobre los hijos?

La crianza de los hijos tras una separación o divorcio plantea numerosos retos. Uno de los más complejos surge cuando los progenitores, a pesar de tener vidas separadas, deben tomar decisiones conjuntas sobre el bienestar de los menores y no logran ponerse de acuerdo.

Desde la elección del colegio hasta decisiones médicas o religiosas, las discrepancias pueden paralizar la vida familiar. Como abogados de familia, a menudo nos preguntan: «¿Qué hago si mi ex no autoriza algo necesario para nuestro hijo?».

En este artículo explicamos la diferencia entre custodia y patria potestad, qué decisiones requieren consenso y qué vías legales existen para desbloquear estas situaciones.

Entendiendo la base: Patria Potestad vs. Guarda y Custodia

Para saber cuándo necesitas el consentimiento del otro progenitor, es vital distinguir dos conceptos legales:

Guarda y Custodia: Se refiere a la convivencia habitual y los cuidados diarios (con quién duerme el niño, quién le lleva al colegio, quién le da de comer).

Patria Potestad: Es el conjunto de derechos y deberes sobre los hijos. En la inmensa mayoría de los casos, la patria potestad es compartida, independientemente de quién tenga la custodia.

    Importante: Que tengas la custodia exclusiva no significa que puedas decidirlo todo. La patria potestad compartida implica que las decisiones trascendentales deben tomarse de mutuo acuerdo.

    Tipos de decisiones: ¿Cuándo necesito permiso?

    No todas las decisiones tienen el mismo peso legal. Podemos clasificarlas en dos grupos:

    Decisiones ordinarias (del día a día): Son aquellas que toma el progenitor que está con el menor en ese momento. Por regla general, no requieren consenso previo, siempre que no alteren la vida del niño de forma drástica ni haya una orden judicial en contra. Ejemplos: Qué ropa se pone, qué come ese día, ayuda con los deberes, actividades de ocio rutinarias.

      Decisiones extraordinarias (trascendentales): Estas decisiones afectan al desarrollo, salud o futuro del menor y requieren obligatoriamente el acuerdo de ambos progenitores.

      Ámbito educativo: Elección o cambio de colegio, modelo educativo, actividades extraescolares costosas o que ocupen mucho tiempo.

      Ámbito sanitario: Tratamientos médicos no urgentes, intervenciones quirúrgicas, tratamientos psicológicos, ortodoncias.

      Ámbito religioso: Realización de sacramentos (bautizo, comunión) o educación en una fe determinada.

      Cambio de residencia: Especialmente si implica cambiar de ciudad o país.

      Pasos a seguir ante el desacuerdo

      Si te encuentras ante una decisión trascendental y el otro progenitor se opone (o simplemente no responde), te recomendamos seguir esta hoja de ruta:

      Paso 1: Comunicación fehaciente

      El primer paso es intentar el diálogo. Si este falla, debes notificar tu intención de forma que quede constancia legal (por ejemplo, mediante un Burofax). Debes explicar qué quieres hacer, por qué es beneficioso para el menor y dar un plazo para responder.

      Paso 2: Mediación Familiar

      Antes de ir al juzgado, a veces es útil acudir a un mediador. Es un profesional neutral que ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo sin imponer una solución. Es más rápido y menos agresivo que un juicio.

      Paso 3: La vía judicial (Jurisdicción Voluntaria)

      Si no hay acuerdo, la ley (Art. 156 del Código Civil en España) prevé un mecanismo específico: el Expediente de Jurisdicción Voluntaria.

      ¿En qué consiste? Se presenta una solicitud al Juez explicando la discrepancia.

      ¿Qué decide el Juez? Es crucial entender que el Juez no suele decidir «qué es mejor» (no decidirá si el colegio A es mejor que el B). Lo que hará el Juez es atribuir la facultad de decidir a uno de los dos progenitores para ese asunto concreto.

      El criterio: El Juez basará su decisión exclusivamente en el Interés Superior del Menor, escuchando a ambos padres y, si tiene suficiente madurez (o más de 12 años), al propio hijo/a.

        En resumen: Evita la «vía de hecho»

        Un error común es tomar la decisión unilateralmente «porque mi ex no contestaba» o «porque yo sé qué es lo mejor». Actuar por la vía de hecho (hacerlo sin permiso y sin autorización judicial) puede tener consecuencias graves, desde multas hasta cambios en el régimen de custodia.

        Si te encuentras en un bloqueo sobre una decisión importante para tus hijos, lo más prudente es asesorarte legalmente antes de actuar.


        ¿Tienes problemas para llegar a acuerdos sobre la educación o salud de tus hijos? Somos expertos en Derecho de Familia. Podemos ayudarte a notificar correctamente al otro progenitor o iniciar el procedimiento judicial necesario para desbloquear la situación.

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        Los MASC: la nueva cultura del acuerdo en la Justicia


        En España estamos viviendo un cambio silencioso pero profundo en la manera de entender la Justicia. Hasta ahora, el camino natural de cualquier conflicto era el juzgado. Hoy, gracias a la Ley Orgánica 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se abre paso un nuevo escenario: los MASC, los Medios Adecuados de Solución de Controversias.

        ¿Qué son y cómo funcionan?

        Los MASC abarcan distintos métodos, desde la mediación y la conciliación hasta la negociación directa entre abogados, el derecho colaborativo, la oferta vinculante confidencial o incluso el dictamen de un experto independiente. Todos ellos comparten un principio común: el diálogo. En algunos casos interviene un tercero neutral, en otros son las partes —con o sin abogados— quienes buscan un entendimiento.

        El objetivo es claro: reducir la saturación de los juzgados, abaratar costes y, sobre todo, ofrecer soluciones más rápidas y ajustadas a la realidad de quienes están en conflicto.

        Una Justicia más humana

        Los defensores de este nuevo modelo insisten en que no se trata de sustituir a los tribunales, sino de complementarlos. Los MASC aportan confidencialidad, flexibilidad y menor desgaste emocional. Son especialmente útiles en ámbitos sensibles como el familiar, donde preservar la relación entre las partes es tan importante como resolver el litigio. También se están aplicando con éxito en arrendamientos, reclamaciones de cantidad, conflictos vecinales y disputas empresariales.

        Obligatorios antes de demandar

        La novedad de la Ley 1/2025 es que acudir a un MASC se ha convertido en un requisito previo para poder presentar demanda en la jurisdicción civil y mercantil. Existen excepciones —por ejemplo, en casos de filiación, tutela de menores o derechos fundamentales—, pero en la mayoría de pleitos es imprescindible demostrar que se ha intentado un acuerdo.

        Una apuesta por la paz social

        El trasfondo de esta reforma es más ambicioso que la simple descongestión de los juzgados. Los MASC buscan instaurar una nueva cultura jurídica y social: la de la concordia. No en vano, Naciones Unidas los relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que promueve instituciones más justas, inclusivas y pacíficas.

        Como recuerda el preámbulo de la ley, antes de entrar en el templo de la Justicia debemos pasar por el de la concordia. Y eso, en una sociedad crispada y con tribunales desbordados, puede marcar la diferencia.

        Desde el mes de junio de 2025 -y tras el correspondiente curso habilitador- soy Conciliador habilitado, ocupándome de asuntos de tipo civil y de familia.

        Violencia de género y cómo afecta al procedimiento de divorcio

        Violencia de género y cómo afecta al procedimiento de divorcio

        Violencia de género y cómo afecta al procedimiento de divorcio

        En un caso de violencia de género, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer será el competente para conocer del divorcio. Esto será así hasta que se archive la causa penal o bien el autor extinga su responsabilidad penal tras haber sido condenado. Por tanto también será competente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer para los posibles procedimientos de modificación de medidas o de ejecución.

        En el caso de que un divorcio ya ha sido iniciado ante un Juez de Primera Instancia, salvo que se encuentre en fase de juicio oral, éste deberá inhibirse en favor del de Violencia. Si se presenta una denuncia y el procedimiento sigue adelante (no se sobresee), será competente el de Violencia.

        Imposibilidad de obtener la guardia y custodia compartida en casos de violencia de género. El sistema de guarda y custodia compartida se ha convertido en el sistema normal e incluso deseable, y que con el paso del tiempo se ha configurado jurisprudencialmente como el más adecuado. Sin embargo el artículo 92.7 del Código Civil establece que no procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género.

        Las medidas de carácter civil que se acuerden en la orden de protección actuarán como medidas provisionales en el procedimiento de divorcio. Si en la causa penal por violencia se dicta una orden de protección, la misma contendrá una serie de medidas de carácter civil en caso de estar casados o de existir menores. Esas medidas tienen una vigencia provisional de 30 días, plazo que se ampliará si antes de que se cumpla se presenta una demanda de divorcio. Con la presentación de la demanda de divorcio esas medidas civiles de la orden de protección se convierten en las medidas provisionales que regirán hasta que se dicte sentencia en el divorcio.

        Estas son sólo tres de las múltiples formas en las que un asunto de violencia de género afecta al procedimiento de divorcio. Por ello es importante contar con el asesoramiento de un abogado que se ocupe del ámbito civil y penal.