Violencia de género y régimen de visitas: cuándo se suspenden y cuándo pueden mantenerse
La existencia de un procedimiento por violencia de género puede afectar no solo a la convivencia entre los progenitores, sino también a la relación del investigado o condenado con sus hijos. La cuestión no se resuelve preguntando si el padre ha agredido directamente a los menores. Los hijos pueden resultar perjudicados por haber presenciado la violencia, convivido con ella o quedado expuestos a un entorno de miedo y dominación.
La normativa actual parte de una regla protectora: cuando existe un procedimiento penal relevante o indicios fundados de violencia, el régimen de visitas no debe mantenerse como si se tratara de una ruptura familiar ordinaria. Sin embargo, el sistema no elimina completamente la valoración judicial. En determinados casos puede establecerse de forma excepcional un contacto limitado, progresivo o supervisado si se acredita que responde al interés superior del menor.
En Cataluña deben tenerse en cuenta tanto la legislación procesal estatal como la regulación específica del Código civil de Cataluña.
La relación con los hijos no es un derecho absoluto del progenitor
El régimen de visitas permite preservar la relación de los hijos con el progenitor con quien no conviven habitualmente. Su finalidad principal no es satisfacer el interés del adulto, sino proteger el desarrollo afectivo y familiar del menor.
Por esta razón, las visitas pueden limitarse, supervisarse o suspenderse cuando su ejercicio pueda perjudicar la seguridad o la estabilidad emocional de los hijos.
La decisión debe atender a las circunstancias concretas: naturaleza de los hechos investigados, relación de los menores con cada progenitor, exposición a la violencia, edad y opinión de los hijos, informes profesionales, existencia de medidas penales y evolución posterior del riesgo.
Qué establece el artículo 94 del Código Civil
El artículo 94 del Código Civil dispone que no procederá establecer un régimen de visitas o estancias —y que deberá suspenderse si ya existe— respecto del progenitor incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos.
La misma regla se aplica cuando el tribunal advierte, a partir de las alegaciones y de las pruebas, indicios fundados de violencia doméstica o de género.
No obstante, el propio precepto permite que la autoridad judicial establezca excepcionalmente un régimen de visita, comunicación o estancia mediante una resolución motivada en el interés superior del menor y después de evaluar la relación paternofilial.
Si el progenitor se encuentra en prisión provisional o cumpliendo condena por alguno de los delitos indicados, el artículo 94 excluye el establecimiento de visitas.
La interpretación del Tribunal Constitucional
La STC 106/2022, de 13 de septiembre, declaró constitucional esta regulación.
El Tribunal Constitucional explicó que el artículo 94 no priva automáticamente al progenitor de cualquier relación con sus hijos por la sola aplicación mecánica de la ley. Corresponde a la autoridad judicial decidir si procede suspender, no establecer o, excepcionalmente, mantener algún régimen de relación, siempre con una valoración individualizada y motivada del interés del menor.
La consecuencia práctica es doble. La existencia de un proceso penal o de indicios fundados constituye un factor legal de enorme relevancia y desplaza la normalidad de las visitas. Pero cualquier excepción que permita mantenerlas debe estar apoyada en razones concretas, no en afirmaciones genéricas sobre la conveniencia de que los hijos se relacionen con ambos progenitores.
La regulación catalana es especialmente protectora
El artículo 233-11.3 del Código civil de Cataluña establece que no puede fijarse un régimen de estancias, comunicación o relación —y que debe suspenderse el existente— cuando haya indicios fundamentados de actos de violencia familiar o machista.
Tampoco puede mantenerse mientras el progenitor se encuentre incurso en un proceso penal por hechos contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos, o se encuentre en prisión por estos delitos mientras no se extinga la responsabilidad penal.
El apartado cuarto permite excepcionalmente que el tribunal establezca un régimen de relación o comunicación mediante resolución motivada, en interés del menor y después de escucharlo si tiene capacidad natural suficiente.
Una regulación equivalente aparece en el artículo 236-5 respecto del derecho de los progenitores y otras personas a relacionarse personalmente con los hijos.
El Decreto-ley catalán 26/2021, de 30 de noviembre, reforzó estas previsiones para responder específicamente a las situaciones de violencia vicaria y a la condición de los menores como víctimas directas o indirectas.
Suspensión de visitas dentro de una orden de protección
El artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite incluir medidas civiles dentro de la orden de protección. Entre ellas se encuentran la guarda y custodia, el uso de la vivienda, los alimentos y la suspensión o mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia.
Cuando se dicta una orden de protección con medidas penales y existen indicios fundados de que los hijos han presenciado, sufrido o convivido con la violencia, la autoridad judicial debe suspender el régimen de visitas del investigado.
Excepcionalmente, y a instancia de parte, puede no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la relación paternofilial.
Las medidas civiles adoptadas inicialmente dentro de la orden de protección tienen una vigencia temporal de treinta días. Si dentro de ese plazo se inicia el correspondiente proceso de familia, se mantienen durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda, periodo en el que el tribunal competente debe ratificarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.
Por ello, obtener una medida civil en la orden de protección no elimina la necesidad de iniciar con rapidez el procedimiento de familia adecuado.
¿Es necesario que los hijos hayan sido agredidos directamente?
No. La protección no se limita a los casos en los que el menor presenta lesiones o figura como destinatario directo de amenazas.
Los hijos pueden resultar afectados cuando:
- Presencian una agresión física o una discusión violenta.
- Escuchan amenazas, insultos o golpes desde otra habitación.
- Son utilizados para vigilar, presionar o transmitir mensajes al otro progenitor.
- Conviven en un ambiente continuado de humillación o miedo.
- Perciben el control ejercido sobre su madre.
- Sufren las consecuencias emocionales y materiales derivadas de la violencia.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2026 señala que durante 2025 se consolidó como criterio general la no fijación o suspensión de las visitas del progenitor incurso en un procedimiento penal por violencia de género. Según el criterio de la Fiscalía, la excepción exige motivación reforzada, evaluación profesional y audiencia del menor con suficiente juicio.
Cuándo pueden mantenerse excepcionalmente las visitas
La ley permite una excepción, pero no establece que deba aplicarse siempre que el progenitor la solicite.
Para mantener algún tipo de contacto será necesario justificar de forma concreta que beneficia al menor y que puede desarrollarse sin poner en riesgo su seguridad física o emocional. Entre los elementos que pueden valorarse se encuentran:
- La naturaleza, gravedad y antigüedad de los hechos.
- Si la violencia fue puntual o forma parte de un patrón continuado.
- Si los menores presenciaron o sufrieron los episodios.
- La existencia de una condena, medidas cautelares o quebrantamientos.
- Los informes del equipo psicosocial o de otros profesionales.
- La evolución del progenitor y el cumplimiento de programas de intervención.
- La opinión del menor, atendiendo a su edad y madurez.
- La posibilidad de organizar el contacto en condiciones de seguridad.
La ausencia de una condena firme no obliga a mantener las visitas. Del mismo modo, una condena antigua y ya extinguida no determina necesariamente una suspensión indefinida si se acredita que el riesgo ha desaparecido y que el contacto resulta beneficioso.
Visitas tuteladas y punto de encuentro familiar
Entre el régimen ordinario y la suspensión completa existen soluciones intermedias. Las visitas pueden desarrollarse de forma tutelada o supervisada en un punto de encuentro familiar, con duración limitada, sin pernocta y sujetas a una evaluación periódica.
El artículo 233-13 del Código civil de Cataluña permite adoptar medidas para que las relaciones personales se desarrollen en condiciones que garanticen la seguridad y estabilidad emocional del menor. En situaciones de riesgo, la supervisión puede encomendarse a los servicios sociales o a un punto de encuentro familiar.
No obstante, el punto de encuentro no debe utilizarse como una respuesta automática. Antes debe determinarse si cualquier contacto es adecuado. Si existe un riesgo no controlable o el menor sufre un perjuicio significativo, la solución protectora puede seguir siendo la suspensión.
La necesidad de escuchar a los menores
La audiencia del menor no es un mero trámite formal. Su opinión debe recabarse cuando tenga suficiente madurez y, en todo caso, en los supuestos previstos legalmente.
Escuchar al menor no significa trasladarle la responsabilidad de decidir si quiere o no ver a su progenitor. Su voluntad debe interpretarse dentro del conjunto de pruebas, evitando presiones, conflictos de lealtad o interrogatorios reiterados.
El Tribunal Supremo exige una motivación especialmente rigurosa cuando se decide sobre visitas en contextos de violencia. La STS 1413/2025, de 13 de octubre, anuló el establecimiento de un régimen de visitas al no haberse escuchado adecuadamente a los menores ni razonado de forma rigurosa si el contacto resultaba beneficioso, especialmente ante la existencia de un nuevo procedimiento y de una orden de protección.
¿Qué ocurre si el procedimiento penal termina?
El sobreseimiento o la absolución constituyen cambios relevantes, pero no producen necesariamente la recuperación inmediata del anterior régimen de visitas.
Si las visitas fueron suspendidas mediante una resolución judicial, debe solicitarse formalmente su modificación o alzamiento. El tribunal valorará la causa de terminación del procedimiento penal, la existencia de otros indicios, el tiempo transcurrido, la evolución de los menores y el régimen más adecuado en ese momento.
En algunas situaciones puede acordarse una recuperación progresiva mediante visitas supervisadas. En otras, las consecuencias emocionales o la persistencia del riesgo pueden justificar que la suspensión continúe.
La decisión debe basarse en el interés actual del menor, no en una recompensa o sanción al progenitor.
Una decisión que exige valoración jurídica y familiar conjunta
La suspensión de visitas no debe utilizarse como una consecuencia automática de cualquier conflicto de pareja, pero tampoco puede descartarse hasta que exista una condena firme. La normativa permite actuar desde el inicio cuando existen indicios fundados y obliga a prestar especial atención a los hijos expuestos a la violencia.
Para plantear o discutir una suspensión deben revisarse conjuntamente el auto de medidas penales, la orden de protección, el procedimiento de familia, los informes profesionales y las necesidades concretas de los menores.
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