Ley Orgánica 1/2025: impacto en el derecho penal

La Ley Orgánica 1/2025 introduce cambios relevantes en la organización judicial y en la práctica del derecho penal. Estas son sus principales consecuencias procesales y profesionales.

Procedimientos Judiciales (Penal)

Al igual que en lo civil, los juzgados unipersonales de instrucción y lo penal se sustituyen por Tribunales de Instancia. Cada partido judicial contará con una Sección de Instrucción (investigación) y una Sección de enjuiciamiento Penal dentro del Tribunal de Instancia​. Además, la ley crea un Tribunal Central de Instancia de ámbito estatal, con secciones de Instrucción, Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria y lo Contencioso-Administrativo​ (esto impacta a órganos como la Audiencia Nacional, integrando sus jueces en este nuevo esquema). Para el abogado penal, en la práctica diaria el cambio organizativo significa que los casos penales ya no estarán asignados a un juzgado de instrucción fijo de forma aislada, sino que forman parte de un tribunal colegiado más amplio.

Conformidades, justicia restaurativa y audiencia preliminar

Los criterios de reparto en la instrucción y juicio penal serán determinados por las Salas de Gobierno, con el objetivo de repartir la carga equitativamente​. Esto podría traducirse en que un mismo abogado interactúe con distintos magistrados del Tribunal de Instancia penal según la materia o fase (por ejemplo, un juez instructor para la fase investigadora y otro magistrado para el juicio oral dentro del mismo Tribunal). La ventaja potencial es una mayor coordinación interna y especialización (por ejemplo, podría haber secciones penales especializadas en violencia de género, menores, etc., facilitando un trato más experto a esos asuntos​).

Sin embargo, durante la implantación el abogado puede enfrentar cierta incertidumbre organizativa (nuevas denominaciones de órganos, cambios en a dónde dirigir escritos o cómo se asignan expedientes). En definitiva, conocer la nueva estructura (y la existencia de las Oficinas Judiciales de apoyo) será esencial para navegar eficazmente el proceso penal tras la reforma.

Nuevas Exigencias para Abogados (Penal)

Las reformas buscan hacer más fluida la tramitación penal, afectando a plazos y trámites clave. La nueva audiencia preliminar inserta una etapa procedimental adicional pero con la intención de abreviar el global: muchas cuestiones que antes se planteaban en pleno juicio (y podían provocar suspensiones o nulidades) ahora se resolverán antes, evitando dilaciones en el juicio oral. Por ejemplo, si en la audiencia preliminar se aprecia una cuestión de competencia o una vulneración de derechos, podría resolverse sin necesidad de montar todo el juicio, ahorrando tiempo a todas las partes.

También la posibilidad de lograr conformidad en fase intermedia evitará celebrar vistas innecesarias, reduciendo el número de juicios. Por otro lado, la priorización de causas con menores implica que esos casos saltarán turnos en el calendario, por lo que un abogado penalista que represente a un acusado en un asunto con víctima menor deberá prever que los plazos hasta juicio serán más cortos de lo habitual (menos espera) y preparar su defensa con mayor celeridad. En cuanto a la fase de ejecución penal, la creación de un nuevo artículo 988 bis busca unificar y simplificar trámites de ejecución de sentencia​.

Funcionamiento práctico de los Tribunales de Instancia

Para el abogado, esto significa potencialmente menos incidencias dispersas (p. ej., unificar en un solo expediente la liquidación de condena, requerimientos de pago de multa, orden de ingreso en prisión, etc., en lugar de actuaciones separadas). Un trámite relevante para la víctima que incide en la práctica es el ofrecimiento de acciones mejorado: la policía, al tomar denuncia, debe informar al perjudicado de que puede relacionarse electrónicamente con la justicia​. Esto facilita que las víctimas se personen y sigan el proceso, lo que en ocasiones requerirá que el abogado de la víctima les asista en el uso de medios telemáticos para estar al tanto del caso.

En conjunto, los plazos de algunas fases se acortan (por ejemplo, al suprimirse limitaciones a las conformidades, un caso puede resolverse en la misma audiencia preliminar) y se introducen trámites novedosos que el abogado debe dominar. La práctica de la abogacía penal se volverá más dinámica: habrá que anticipar estrategias (prever acuerdos tempranos, solicitar nuevas pruebas antes del juicio en la audiencia preliminar, etc.) y colaborar con el tribunal de forma más iterativa en estas etapas previas al juicio.

Beneficios y Dificultades (Penal)

Desde el punto de vista del servicio al cliente y al sistema, la reforma penal ofrece beneficios claros. La ampliación de las conformidades permitirá resolver más casos de forma negociada y rápida. Esto puede reducir riesgos y evitar litigios prolongados. Un proceso penal más ágil y predecible también reduce el tiempo de incertidumbre para el investigado o la víctima.

La justicia restaurativa brinda oportunidades de reparación del daño y reinserción que antes no estaban formalmente previstas. En ciertos supuestos puede satisfacer mejor los intereses de la víctima y favorecer la colaboración del reo. Desde el punto de vista organizativo, los Tribunales de Instancia pueden aportar mayor coherencia y descargar de trabajo a los órganos más saturados.

Sin embargo, también surgen dificultades prácticas. La audiencia preliminar exige más trabajo preparatorio y puede obligar a discutir primero las pruebas y después celebrar el juicio si no hay acuerdo. Informar por escrito al cliente en caso de conformidad añade otro trámite, aunque refuerza la protección de sus derechos.

Las restricciones a la denuncia telemática pueden causar demoras o incomodidades en contextos urgentes o digitales. Durante la transición a los Tribunales de Instancia también puede haber retrasos de implementación o confusión administrativa. El abogado deberá mantenerse informado sobre la gestión práctica de cada procedimiento.

En suma, la LO 1/2025 promete una justicia más rápida y moderna: procesos más cortos, posibilidad de negociar resultados y menor acumulación de retrasos. Al mismo tiempo, exige al abogado penalista actualizarse en nuevas dinámicas procesales y superar una curva de aprendizaje para evitar errores procedimentales.

Si necesita asesoramiento sobre un procedimiento penal, puede solicitar una consulta.